Publicada el 11 de abril de 1963, Pacem in Terris (Paz en la Tierra) fue la última de ocho encíclicas escritas por el papa Juan XXIII, quien antes de tomar ese nombre como pontífice de la Iglesia, llevaba el nombre de Angelo Gioseppe Roncalli (1881-1963). Un papa considerado de transición para algunos, quien llamó al aggiornamiento (puesta al día de la Iglesia) convocando a un concilio ecuménico; otros vieron en él el cumplimiento de la profecía del papa Angélico, “el pastor et nauta”, el papa bueno quien enfrentó los efectos de la guerra fría en el mundo y posicionó a la Iglesia como Madre y Maestra de la humanidad, preocupada en el desarrollo social.

En la encíclica Pacem in Terris, Juan XXIII plantea una serie de condiciones necesarias para la paz en el mundo como lo son el derecho a vivir en seguridad, con justicia y esperanza ante el futuro; teniendo como base la verdad, la justicia, el amor y la libertad. Para ello debe haber un equilibrio entre el crecimiento económico con el desarrollo social (no. 43). Paradójicamente muchos países de América Latina, al igual que de África y de Asia, manejan cifras impresionantes en materia de crecimiento macroeconómico; las cuales se confrontan con los indicadores sociales en los cuales están muy rezagados como la pobreza, la educación, la salud, empleo y vivienda. Ciertamente hay algo que no está bien: los indicadores macroeconómicos nos dicen que somos países en vías de desarrollo como economías emergentes. Sin embargo, cada vez es más evidente la pobreza y el desempleo, las cuales inciden en la educación, en el bienestar social y en la salud.

Han pasado casi 50 años de la promulgación de la encíclica en donde Juan XXIII profetizó los efectos de la modernidad y de la globalización. Hace referencia respecto al por qué nuestros países que no han alcanzado el desarrollo pleno (números 45 y 46) y no han traído los beneficios esperados aun y cuando tienen sistemas democráticos. Propone una causa común y primaria: todos nuestros males se deben pues no se consideran las particularidades culturales e históricas de nuestros pueblos, la forma de ser y su visión en torno a cómo concibe la realidad imperante. En el número 47 de Pacem in Terris, establece las normas de los poderes públicos que deben seguir para alcanzar el bien común: la unión y el compromiso de todos.

¿Y qué se requiere para cambiar el rumbo? Sin duda alguna, construir un estado de derecho. Paradójicamente Max Weber lo define como un monopolio de la violencia organizada y legitimada y que no permite que los ciudadanos se tomen justicia por su propia cuenta. Lo cual quiere decir que los actos del Estado no dependen de la voluntad de nuestros gobernantes, sino más bien están determinados por la ley y sometidos a los señalamientos que éste les señala.

Y ¿cuál es la responsabilidad de los ciudadanos en la construcción de un estado de derecho? Debemos exigir que el estado ejerza el principio de subsidariedad y evitar que el poder corrompa, poniéndolo al servicio de los demás y participar todos activamente en la búsqueda del bien común. Ahora: ¿cuáles son las condiciones sociales para que se dé el estado de derecho? Indudablemente la vigencia de los derechos públicos o garantías individuales, al respeto a la libertad, al sentido de legalidad y de una pertinente actividad de la opinión pública.

Hay más propuestas en otras encíclicas y documentos conciliares: en el capítulo II de la encíclica Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, en los números 22 al 30 de la encíclica de Pablo VI Octogesima Adveniens y el capítulo 5 de Centesimus Annus de Juan Pablo II. En esos documentos encontramos el sentido y significado de la democracia en la vida política y social, señalando algunas iniciativas que la promuevan en el lugar en el que vivimos.

En Gaudium et Spes (Alegría y Esperanza) capítulo II, señala una interdependencia entre la persona humana y la sociedad. Esta se refleja en la llamada socialización. La promoción del bien común se refleja en los indicadores sociales, son los derechos inalienables de la persona, como la alimentación, vestido, vivienda, derecho a la libre elección del estado, familia, trabajo, respeto a la vida privada, actuar de acuerdo a la recta conciencia. De ello, todo grupo debe tener en cuenta de las necesidades y las legítimas aspiraciones de los demás grupos. El cristiano debe participar con responsabilidad mediante una adecuada cultura espiritual, aceptando las inevitables obligaciones de vida social y de las exigencias de la convivencia humana, difundiendo las virtudes morales y obligaciones.

En la encíclica Octogesima Adveniens (20-30) justifica la medida en la cual se desarrolla la educación y la información en la persona, se aspira a la igualdad y a la participación, que son dos formas de dignidad humana y de su libertad. Una democracia auténtica debe estar basada en reconocimientos jurídicos. La acción política debe estar apoyada en un proyecto social. Tener cuidado de las ideologías que por lo regular terminan reduciendo al ser humano a una sola dimensión.

En Centesimus Annus, (cap. V) reitera la preocupación del papa León XIII para lograr una adecuada teoría del estado para asegurar el desarrollo normal de las actividades humanas, ya sean espirituales y/o materiales: la ley es soberana, rige y caracteriza al estado de derecho y no la voluntad arbitraria de los hombres. La democracia asegura la participación de los ciudadanos en opciones políticas y garantiza a los gobernados, la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes o substituirlos de manera pacífica. Una auténtica democracia, se da en un estado de derecho y de una recta concepción de la persona humana.

Precisamente la función del cristiano es participar y dar testimonio de su fe. La democracia exige un auténtico y sólido fundamento, mediante el reconocimiento explícito de los derechos humanos. Para crear una cultura de nación, se requiere la participación de todos. El nombre de la paz es el desarrollo que implica una responsabilidad colectiva.

Antonio Guerrero Aguilar
Cronista de la Ciudad de Santa Catarina


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