Dicen que cuando el río suena es porque agua lleva. En este sentido, hace cosa de dos semanas llamó la atención y levantó mucha polémica la noticia de que Diputados Federales solicitan moche a los Alcaldes al asignarles recursos para obras en sus municipios, provenientes de bolsas controladas por los legisladores, quienes tienen la facultad discrecional para el reparto de tales recursos.
Incluso, el mismísimo coordinador de la diputación federal del PAN, Luis Alberto Villarreal, fue acusado por algunos alcaldes por presuntos sobornos con recursos federales.
Según lo publicado, el legislador les pedía un diez por ciento de los recursos adicionales, no presupuestados que les ofrecía a los munícipes con esa condición o que el trabajo se lo asignaran a determinada constructora.
En realidad por lo que ha ido saliendo a la luz dicha práctica no es ninguna novedad, pues ya existían antecedentes de que los Alcaldes se quejaban de que algunos legisladores les pedían un porcentaje de los recursos que les asignaban para obras en sus distritos, así como condicionarles adjudicar las obras a las constructoras que les indicaban.
Panistas reconocidos como Ernesto Ruffo, Rafael Beltrán del Río, Teresa García de Madero, Josefina Vázquez Mota, Fernando Elizondo y Patricia Espinosa Torres, entre muchos otros, criticaron dicha práctica y exigieron que se tomen medidas al respecto.
Obviamente esta práctica, condenable a todas luces, no es privativa de legisladores panistas, pues, según lo que se ha publicado, también la llevan a cabo legisladores de otros partidos.
Por cierto, las malas lenguas aseguran que esto del diezmo es práctica común de Alcaldes y Tesoreros municipales. ¿Usted cree?
