Hace unas semanas saltó a la luz que el Alcalde de El Carmen, Félix Garza Ayala, del partido Nueva Alianza, llevó a cabo la desafectación de terrenos municipales para vendérselos a familiares suyos y algunos funcionarios de su administración.
Y más recientemente, los medios dieron a conocer que en General Treviño ocurrió lo mismo durante la gestión de la ex Alcaldesa priísta, Raquel Villarreal Cadena.
De acuerdo con las notas periodísticas, en dicha administración el Ayuntamiento autorizó la donación y venta de 79 terrenos municipales entre ex funcionarios y familiares, que también fueron favorecidos al inscribirse en un Fondo de apoyo a la vivienda de carácter federal.
Y por si fuera poco, a las calles de las colonia donde se ubicaban los terrenos les adjudicaron los nombres de los regidores y sus parientes.
En ambos casos los medios destacan la violación a la Ley de Responsabilidad de los Servicios Públicos del Estado, aunque la ex Alcaldesa argumento que fue mal asesorada al respecto, pues ella creía que la autonomía municipal la amparaba para hacer cualquier cosa.
Estos casos no revisten novedad alguna, y sólo son una pequeña muestra de una práctica común a nivel nacional (con las excepciones de rigor) cuyo sello o característica principal ha sido la impunidad con la que se ha llevado a cabo.
Sin Duda alguna, el saqueo al erario y a los bienes municipales es lo que ha permitido a muchos ex funcionarios hacerse de un patrimonio propio o incrementar el que ya tenían.
