En días pasados el congreso de la Unión aprobó la miscelánea fiscal, con lo cual quedaron establecidos los nuevos impuestos y tarifas que debemos pagar para los bienes y servicios adquiridos. Ahora tenemos un impuesto a la comida y la venta de mascotas, chicles, un 16% al transporte terrestre foráneo, se canceló el tratamiento preferencial a las zonas fronterizas, homologando el IVA para pasar del 11% al 16% con la intención de disminuir la inequidad que se produce frente a las operaciones realizadas en el resto del territorio nacional. Los consumidores deberán pagar un peso más por litro en las bebidas embotelladas, así como a los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores que al diluirse permitan obtener bebidas y contengan cualquier tipo de azúcares añadidas. Impuesto a alimentos “chatarra”. Se grava el combustible para los aviones. Aumenta el pago de ISR para los que ganan más. Los que se dedican a la explotación minera deberán pagar el 7.5% por ingresos. Además, los municipios del país donde se da la explotación minera recibirán 50% de los recursos recaudados por esta actividad; las entidades se quedarían con el 30% y la federación con el 20% de los recursos. Se gravan las ganancias de quienes coticen en la bolsa. Continuarán los gasolinazos y para el 2014 los profesionistas (personas físicas) que realizan declaraciones anuales podrán deducir hasta un monto de 50% de su ingreso anual total.

Obviamente a nadie le gusta pagar los impuestos y más en un país donde se grava más al trabajo que a la riqueza y en un contexto donde inicia la llamada “Cuesta de Enero” después de la cruda realidad de las fiestas decembrinas. Pero pagar impuestos y contribuciones no es algo nuevo. Desde hace tiempo los gobiernos y las instancias respectivas lo hacen para obtener recursos y evitar la disparidad existente entre el funcionamiento del trabajo y la distribución de la riqueza. Por ejemplo, la Iglesia cobraba el diezmo y el virreinato establecía impuestos al consumo para propiciar las actividades mercantiles. Y hasta tuvimos un presidente que cobró impuestos por tener puertas y mascotas.

Tenemos y necesitamos de un sistema impositivo para generar una riqueza o renta nacional; ya sea para propiciar el consumo y fomentar el ahorro. Cuanto mayor sea la renta de la familia, mayor será el porcentaje destinado al ahorro. Y el Estado mantiene una función distributiva entre el trabajo y el capital; produce obras y servicios para asegurar un mejor porvenir. La política distributiva comprende un conjunto de medidas cuyo objetivo es modificar la distribución de la renta entre las personas como en la sociedad. Y para ello cuenta con los impuestos, los gastos de transferencia como los gastos a la seguridad, salud social y educación y la intervención directa en los mecanismos de mercado. Los impuestos se definen como una imposición del Estado para que las personas físicas como morales paguen una cierta cantidad de dinero por los consumos y servicios requeridos, con los cuales se generan beneficios a las personas como a las empresas. Hay diversos tipos de impuestos de acuerdo a los que gravan a las personas como a los bienes y servicios (directos o indirectos) y los que atienden la proporción de los impuestos sobre las diferentes rentas (regresivos, progresivos y proporcionales).

Si nos apegamos al promocional “Pagar impuestos nos beneficia a todos”, estoy completamente de acuerdo. Es una obligación moral que tenemos como beneficiarios de un sistema que admite las ventajas del consumo como del ahorro. Y porque a través de los impuestos tenemos asegurado el sistema de desarrollo social como la educación, la vivienda, el seguro de desempleo, de salud y obras públicas. Para la escuela clásica de economía hay una armonía de intereses. Cada persona al tratar de alcanzar sus propios intereses, sirve a los intereses superiores y comunes de una sociedad. Para la escuela keynesiana, los empresarios deben invertir y los consumidores deben limitarse a consumir de manera que aumente la demanda y hacer atractiva la inversión de los empresarios. En consecuencia, toda reforma del sistema económico, como educativa y energética deben hacerse de acuerdo a la justicia social, regulada por y para un fin ético.

Ciertamente debemos entender a la actividad económica como el conjunto de actividades encaminadas a la satisfacción de las necesidades humanas, contando con recursos escasos y cada vez más limitados. Para algunos filósofos la economía como la política son hijas de la ética. Y estoy de acuerdo con ello, pues la economía no solo regula la producción, el intercambio o la riqueza, sino también las conductas humanas en relación a determinados bienes. Tal y como una vez escribió San Gregorio Magno: “El que tuviere talento, cuide de no callar; el que tuviere abundancia de bienes, vele no se entorpezca en él la largueza de la misericordia; el que supiere un oficio con que manejarse, ponga gran empeño en hacer al próximo participante de su utilidad y provecho”.

Hay dos planteamientos en los sistemas económicos existentes: la intervención del Estado en materia económica y los que no la aceptan ni la requieren. Para la Doctrina Social de la Iglesia, la intervención de Estado se basa en la búsqueda de un punto de equilibrio entre los dos extremos. Para el papa León XIII el Estado tiene un papel activo en las relaciones sociales y en la cuestión social. Por eso es deber del Estado cooperar para que se alcance la prosperidad de la sociedad como de las personas, la promoción de una justicia distributiva y garantizar los derechos de todos, especialmente de los que menos tienen como lo son los pobres y los más débiles. En consecuencia le corresponde al Estado asegurar la propiedad privada, evitar el cobro desmesurado e injusto, intervenir con rigor en contra de una huelga que perjudique a los obreros y todo aquello que atente contra la paz social.

Una vez Fernando Canales Clariond, siendo gobernador de Nuevo León pidió un trato igualitario y justa distribución de los impuestos que la entidad generaba. El entonces presidente Ernesto Zedillo le dijo que la economía era como una gran cobija que debía tapar lo más que se pudiera. Y tienen razón los que nos gobiernan y proponen las reformas fiscales como educativas y energéticas. En ellos hemos puesto nuestra confianza a través del voto y de la elección popular. Muchos funcionarios y asesores han obtenido doctorados en economía en las más prestigiosas universidades del mundo. Pero yo me quedo con una sola cosa. Durante las marchas que debieron hacer antes y no durante o después de que las reformas hubieran sido aprobadas, vi a un grupo de manifestantes con una pancarta que tenía la siguiente inscripción: “Una verdadera reforma fiscal que obligue a quienes no pagan impuestos”. Y todos sabemos que hay al menos una 25 empresas en manos de los hombres y empresarios más ricos de México que tienen trato preferencial por las autoridades mexicanas.

Y estoy de acuerdo en pagar mis impuestos. Es más, siempre lo hago puntualmente y hasta peleo con mis empleadores cuando escatiman la entrega y el retraso de los comprobantes de retención de impuestos. Lo que no me gusta es saber que los impuestos de todos los mexicanos no están destinados a la satisfacción de las necesidades de los más pobresni mucho menos utilizados en acortar la brecha entre los que trabajamos y quienes mantienen la riqueza. Y como lo dije al principio, me da la impresión de que se grava más al trabajo que a quienes ostentan la riqueza o reciben los privilegios que todos debemos recibir; obviamente por pagar nuestros impuestos. Cuando de pronto sé que hay funcionarios que reciben muy buenas prestaciones y al cabo de tres años logran amasar un patrimonio considerable para vivir bien y entonces me encorajina el hecho de que por más que le hecho ganas, en 25 años de trabajo no tengo lo que ellos sí lograron en los cargos de elección popular.

Antonio Guerrero Aguilar
Cronista de Santa Catarina



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