En el informe de Simón de Herrera y Leyva del 27 de julio de 1801 al Intendente de las Provincias de Oriente en San Luis Potosí, señala la existencia de tan sólo dos ayuntamientos, el de Monterrey y el de Linares. Al parecer, Cadereyta y Cerralvo desaparecieron temporalmente. Indudablemente había problemas económicos. Monterrey por ejemplo, no tenía los 12 regidores de ley “por no ser de utilidad alguna, ni tener la ciudad fondos de dónde se les asignara sueldo. Sólo tiene dos plazas, que son la de alférez real y alguacil mayor, habilitadas en forma y con títulos por Su Majestad.”

Según el padrón de 1803, el Nuevo Reino de León contaba con apenas 43,739 vecinos. De todos ellos, mil se dedicaban a la minería, 520 a la arriería, 200 a la carretería, 200 a la agricultura y 3,084 eran pastores y 210 servían en diversos ramos de la industria. En cuanto al desarrollo económico de la región, reconocían la posibilidad de muchos ramos de industria que se podrían establecer, pero por falta de dinero y por los pocos sujetos pudientes que hay, todo se queda sin efecto. Indudablemente que la Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey era un pueblo pobre y pequeño, en comparación con otras ciudades del virreinato tan importantes como la ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Zacatecas o el mismo Saltillo que comenzaba a repuntar. Ciertamente la región prometía algo, prueba de ello es el establecimiento de la diócesis en 1777, cuyo obispo titular era Primo Feliciano Marín de Porras quien estuvo entre 1803 y 1815.

El sistema de castas era la estructura que controlaba el ámbito social, diseñado para mantener los privilegios de los peninsulares sobre el resto de la población, especialmente a la hora de repartir cargos, oficios y beneficios. La base étnica se debía por la unión de ibéricos, indios y africanos. Cuando se consumó la independencia nacional en 1821 despareció el sistema de castas.

En 1808, los franceses invadieron la península ibérica y sometieron tanto a los monarcas españoles como portugueses. Comenzaron los trabajos el 24 de septiembre de 1810 en San Fernando, para después trasladarse a Cádiz en donde promulgaron una constitución el 19 de marzo de 1812. La tarea de las Cortes de Cádiz fue la de conformar un cuerpo legislativo de carácter liberal y crear un nuevo orden social en la España de Carlos IV y Fernando VII. Para ello fueron convocados representantes de todas las colonias, provincias y virreinatos. Siempre se ha difundido el papel preponderante de don Miguel Ramos Arizpe, quien acudió en representación de la provincia de Coahuila o Nueva Extremadura. Y por ello, toda una figura de talla regional y nacional por los aportes que realizó. Pero también acudió por el Nuevo Reino de León, el padre Juan José de la Garza, conforme un decreto del 14 de febrero de 1810.

De acuerdo al cronista e historiador, Israel Cavazos Garza, el cabildo de Monterrey eligió el 19 de junio al padre de la Garza como diputado por el Nuevo Reino de León. Es poco lo que se sabe del sacerdote. La información existente se la debemos al padre José Antonio Portillo, quien señala en una de sus obras, un periodo como párroco en San Gregorio de Cerralvo entre 1784 y 1788. Cura interino y juez eclesiástico del Valle del Guajuco entre marzo de 1793 hasta septiembre de 1796. En este año recibió el título de maestro de teología escolástica en el Seminario de Monterrey. Luego lo vemos como teniente de cura de Monterrey entre 1799 y 1800, finalmente cura de la parroquia de Monterrey en 1800, notario revisor en 1805, licenciado (1802) y doctor en teología por la Universidad de Guadalajara, canónigo doctoral del cabildo de la catedral en 1807 y finalmente diputado a las Cortes de Cádiz entre 1811 y 1812. No se sabe el lugar de nacimiento ni tampoco el de su fallecimiento. Incluso hasta su nombre no aparece como legislador en las Cortes.

Independientemente de su obra y las repercusiones que tuvo en comparación con otros constituyentes de Cádiz, debemos recuperar y honrar la figura del padre Juan José de la Garza. Por ejemplo, a principios del siglo XIX, el Nuevo Reino de León contaba solo con una ciudad, la de Monterrey, varias villas con sus respectivos cabildos, Cerralvo, Cadereyta, Linares, San Miguel de Aguayo, Guadalupe, Hualahuises y Marín.

Gracias a las leyes de Cádiz, se estableció que los municipios con más de mil habitantes, pudieran constituirse en municipios gobernados por un alcalde y su respectivo cabildo. Aprovechando la coyuntura, Agualeguas, Boca de Leones (Villaldama), Lampazos, Santiago del Guajuco, Vallecillo, Salinas, Sabinas, China, Pueblito o Cañón de Guadalupe (Hidalgo), Santa Catarina, Pilón (Montemorelos), Mota (General Terán), Pesquería Grande (García) y Río Blanco (Aramberri) solicitaron su deseo de conformar su cabildo y ser consideradas villas. Igualmente, se abrió la posibilidad para la creación de diputaciones provinciales, base de la conformación de los estados.

Antonio Guerrero Aguilar
Cronista de la Ciudad de Santa Catarina


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