Según la Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares realizada por el INEGI, el 10 por ciento de la población más pobre del país perdió 8 por ciento de sus ingresos en términos reales del 2006 al 2008.
Según la Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares realizada por el INEGI, el 10 por ciento de la población más pobre del país perdió 8 por ciento de sus ingresos en términos reales del 2006 al 2008.
De acuerdo con la información difundida, aunque toda la población se ha visto afectada en este lapso, el segmento con más retribuciones se mantuvo casi sin cambio, provocando que la desigualdad en el país se incrementara, esto es, que la brecha entre ricos y pobres se acreciente.
En este mismo tenor, de acuerdo con un reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en los primeros dos años de la administración de Felipe Calderón, la proporción de mexicanos que vive en situación de pobreza extrema se incrementó un 4.4 por ciento.
En este escenario, hay un segmento de la población que está disfrutando de una posición privilegiada como funcionarios de primer y segundo nivel en el sector público, sea a nivel federal, estatal o municipal.
En el caso concreto de los municipios, cuyos funcionarios están más a la mano, ocurre que algunos de ellos, como se dice comúnmente, llegan con una mano atrás y otra adelante, y al concluir la gestión ya poseen una “señora” residencia, una quinta o casa de campo, terrenos en lugares privilegiados, vehículos del año y hasta una abultada cuenta bancaria.
Lo raro es que si se suma el sueldo bruto devengado durante todo el periodo, resulta que no les alcanzaría para adquirir tantos bienes, y, entonces, lo inexplicable en realidad no lo es tanto.
Como dicen en el rancho: “¿pos de ónde apá?”.
