Hace unos días, en el Congreso local se aprobó una modificación al Código Penal por lo que ahora se podrá encarcelar a quienes dañen mediante la pinta, grabación o impresión de cualquier imagen en una propiedad sin consentimiento del propietario.
De esta manera, el graffiti deja de ser una variante del daño en propiedad ajena para constituir un delito por si mismo, que le puede significar a una persona hasta seis años de encierro.
Al respecto, cabe mencionar que esto del graffiti ha cundido de manera muy notoria, y de ser un problema de las grandes ciudades, ahora se encuentra prácticamente en cualquier lugar.
En nuestra ciudad podemos ver ahora bardas y paredes pintarrajeadas por doquier, lo que no sólo es un atentado contra las propiedades, sino que incide negativamente en el entorno, contribuyendo a la contaminación visual.
De acuerdo con el decreto aprobado por el Congreso, cuando una persona realice un graffiti en algún bien inmueble se le aplicará una pena de entre seis meses y tres años de cárcel, además de una multa de entre 40 y 100 cuotas.
Sin embargo, cuando la propiedad que resulte dañada tenga un valor científico, histórico, cultural, o se trate de un edificio público o monumento, la penalización será entre dos y seis años de prisión y una multa de entre 100 y 250 cuotas.
A diferencia del daño en propiedad ajena que sólo se persigue cuando se presenta una denuncia, el graffiti se seguirá de oficio, es decir, sin necesidad de que la parte afectada presente una denuncia formal.
En este, como en otros asuntos que afectan a la comunidad, todos podemos contribuir asumiendo la responsabilidad que nos corresponda en nuestro respectivo ámbito como padres de familia, maestros o autoridades.
