Hace algunas semanas apareció en los medios de comunicación una nota en la que señalaban que José Ramón López Beltrán, abogado de profesión e hijo de Manuel López Obrador, trabaja en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Por el tono crítico que se le imprimió a dicha nota, es obvio que tenía dedicatoria para el ex candidato presidencial del Sol Azteca, que, digan lo que digan, le sigue quitando el sueño a más de uno.

Días después apareció en la prensa nacional un escrito firmado por Juan Ignacio Zavala, quien fue miembro de la campaña de Felipe Calderón y es hermano de la actual Primera Dama y de Hildebrando Zavala, a quien se le acusó de tráfico de influencias cuando el actual Jefe del Ejecutivo era Secretario de Energía.

Entre otras cosas, el cuñado de Felipe Calderón señaló en su escrito: “Quiero decir me parece injusto y cruel lo que se hace con el joven José Ramón. Como todos los ciudadanos tiene derecho al trabajo, a llevar una vida propia y a la felicidad”.

También dijo: “… porque una sociedad sana y democrática no debe impedir el desarrollo de los individuos nada más por las actividades –sobre todo si éstas son legítimas- de los parientes cercanos”.

Finalizó su escrito diciendo: “A los familiares de los poderosos se nos debe juzgar por nuestros actos y no por nuestro parentesco. Somos ciudadanos con obligaciones, pero también con derechos. Tampoco tenemos por qué ser blanco de revanchas políticas”.

Sin conocer los motivos reales que motivaron a Juan Ignacio Zavala para hacer pública su opinión, lo cierto es que, sin importar siglas partidistas, un funcionario no necesita ser pariente del gobernante en turno (a nivel federal, estatal o municipal) para disponer del erario o aprovechar el cargo en beneficio propio.